En la frontera de los Estados de Oaxaca y Veracruz, en la región de la Cuenca del Papaloapan “nuestros paisanos oaxaqueños y vecinos veracruzanos están sometidos a vivir en un estado de excepción: ésa es la realidad”, denuncia el presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Arturo Peimbert Calvo, y detalla que el corredor “de la violencia” atraviesa por la carretera Federal 175 (Ciudad Alemán, Veracruz a Puerto Ángel, Oaxaca) y puntos aledaños con la carretera La Tinaja a Ciudad Alemán, vía que comunica a la región del Istmo de Tehuantepec en la frontera con Chiapas, un corredor que comunica al norte con el Sur del país”.
En suma, el corredor delincuencial en la región del Papaloapan lo integran los municipios de Acatlán de Pérez Figueroa, San Miguel Soyaltepec, Tierra Blanca, Ciudad Alemán, Tres Valles, San Juan Bautista Tuxtepec, Loma Bonita, Juan Rodríguez Clara y María Lombardo.
“Es un corredor “altamente peligroso; es una ruta ‘de facto’, regida por bandas presuntamente vinculadas con la delincuencia organizada”, sostiene Peimbert Calvo. El activista recuerda, incluso, la desaparición de cinco jóvenes en el municipio de Tierra Blanca ocurrido en Enero de 2016, en los límites de Oaxaca y Veracruz; los chicos fueron detenidos y entregados al crimen organizado por policías Estatales, por lo que coincidió con Graciela Zavaleta, del Comité de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, la única en su tipo en la región cuenqueña, quien en la víspera denunció que la desaparición de los jóvenes tlaxcaltecas no es la única en la zona.
En ese sentido, el defensor reprobó que a casi un mes de la desaparición de seis jóvenes (cinco de Tlaxcala y uno de Oaxaca) la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca pretenda deslindarse de lo ocurrido en la región de la Cuenca argumentando que “los hechos ocurrieron en Veracruz”.
Como fuera, ni las autoridades de Veracruz ni de Oaxaca asumen la responsabilidad de las desapariciones en sus territorios, lo que permite deducir que este caso, donde seis jóvenes son desaparecidos, como ocurrió en Jalisco y sigue ocurriendo en muchas partes del País podría quedar impune, cuando ambas Entidades deberían aliarse para combatir esos delitos que agravian a la sociedad.
Basta de echarse la bolita unos a otros, como si el delito se hubiese cometido contra ganado y no contra jóvenes que en el discurso son el destino de este País…
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